Si una empresa no cumple con las normas del SG-SST (lo que incluye no proveer puntos de anclaje certificados cuando corresponda, o no implementar medidas de seguridad adecuadas), puede ser sancionada por el ente de inspección laboral (por ejemplo, el Ministerio del Trabajo).

Las sanciones pueden incluir multas. Dependiendo de la gravedad, la empresa puede enfrentarse a multas que, de acuerdo con el tamaño de la empresa y la infracción, pueden ser equivalentes a varios salarios mínimos (el monto específico depende del caso, la gravedad, reincidencia, etc.).

Si el incumplimiento —falta de anclajes certificados, deficiencias de seguridad graves— demuestra negligencia grave o dolo, podría considerarse una “culpa del empleador” o una “violación a la normatividad de seguridad laboral”, lo que puede dar lugar a investigaciones, sanciones administrativas y en ciertos casos penal (aunque las normas laborales no siempre tienen una penalización automática: dependerá del caso, gravedad, resultado —accidente grave, muerte—, y de la interpretación judicial). En la jurisprudencia se ha señalado que el empleador tiene deber de vigilancia y control, y ese deber no desaparece ante subcontratistas o contratistas.

En caso de muerte o lesiones graves por negligencia del empleador, la responsabilidad puede ser atribuida judicialmente, lo que podría implicar sanciones penales dependiendo de los hechos, además de civil y administrativa.